La zona centro del estado, vuelve la fiscalización “un gasto fijo”.
Más de 400 MDP en el limbo
La Cuenta Pública 2024, dictaminada por el órgano de fiscalización superior ORFIS, no es solo un informe financiero; es la radiografía de una gestión pública en donde, la creatividad contable superó por mucho a la legalidad. Los números son alarmantes: la cifra de presunto daño patrimonial e irregularidades en la región de Las Altas Montañas se dispara, superando con creces los 400 millones de pesos.
El patrón es constante y devastador: obras fantasmas, nóminas infladas, proyectos inconclusos y lo más grave, un desdén absoluto por rendir cuentas. La respuesta de los alcaldes a esta evidencia es aún más preocupante que el desfalco: negar lo innegable, confundir al ciudadano y sobre todo, culpar al mensajero.
La lista de los ayuntamientos señalados dibuja un mapa de irresponsabilidad financiera. Tres municipios concentran la mayor parte de la opacidad:
El pico de este desfalco lo encontramos en Ixtaczoquitlán, con 52 millones 584 mil pesos observados por obras públicas deficientes y pagos en exceso no justificados. Tlaltetela presenta el caso más singular de contabilidad “creativa”, acumulando 222 millones 637 mil pesos en inconsistencias financieras, un agujero negro que distorsiona la realidad económica municipal, al que se suman una nómina inflada y un “préstamo zombie” de 5.1 millones arrastrado por años.
Fortín y Totutla; pecaron de sínicos, al desvirtuar el trabajo del ente fiscalizador antes que admitir la verdad.
El edil de Fortín, Gerardo Rosales, ante el señalamiento de casi 7 millones 742 mil pesos, no solo negó el daño patrimonial, sino que lanzó una ofensiva contra el ORFIS, al que acusó de “confundir” cifras en un supuesto crédito mal interpretado. Peor aún, arremetió contra los medios de comunicación, insinuando que la prensa difundió información “maliciosa”, como si el error no estuviera en la chequera pública, sino en la tinta de los reporteros. Es la táctica clásica: si no puedes defender tus números, ataca al mensajero.
En Totutla, la alcaldesa Nora Acosta Gamboa es responsable de un monto observado de 23 millones 346 mil pesos. La obra de la vergüenza es la “Casa de las Aves”, donde se pagaron 21.2 millones por una infraestructura que, según el ORFIS, está incompleta, sin permisos sanitarios y con metros cuadrados de lámina y muros que simplemente no existen. La respuesta municipal es la indiferencia, dejando el proyecto abandonado y el dinero esfumado.
El patrón de irregularidades se extiende sin descanso por el resto de la región, demostrando que la ley de disciplina financiera es letra muerta en muchos ayuntamientos:
Comapa reporta 12 millones 098 mil pesos en irregularidades, con un pozo de 1.8 millones que nunca operó y un gasto de nómina que excedió el límite legal en 9.19 millones. Zentla acumula entre 9.18 y 12.18 millones observados, principalmente por un pozo de 3 millones sin concesión de agua, ni trámites ambientales.
Calcahualco, con más de 10 millones observados, registra la inexplicable desaparición de 1.3 millones en luminarias. Tenampa tiene 6 millones 233 mil pesos observados, con obras sin permisos técnicos y gastos excedidos en servicios personales.
Tlacotepec de Mejía presenta 5.5 millones en presunto daño patrimonial por pagar obras en terrenos que ni siquiera pertenecen al municipio y Coscomatepec figura en el informe con 31 mil 548 pesos en daño patrimonial, una cifra que evidencia una falta de control básico en la recaudación del servicio de limpia pública.
En las dependencias y el contraste de Huatusco. Las fallas de control se replican en organismos autónomos y operadores de agua. La CMAS (dirigida por Wilfrido Martínez Yllarza) presenta un déficit operativo de 1 millón 051 mil pesos, además de exceder su nómina en 1.68 millones. De manera paralela, la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) exhibe un daño patrimonial de más de 3.3 millones por pagos triples de indemnización y la desaparición de equipos no localizados.
En medio de este caos financiero, el ayuntamiento de Huatusco destaca como una excepción: el ORFIS no encontró presunto daño patrimonial en sus cuentas de 2024. Este contraste subraya que, si bien la opacidad parece ser la norma en la región, la correcta administración es posible, aunque sea la excepción que confirma la regla del despilfarro.
El ORFIS ha cumplido su parte al detectar y cuantificar el saqueo. Ahora, la pelota pasa al tejado de las fiscalías y de los Órganos Internos de Control, quienes deberán fincar responsabilidades. La ciudadanía tiene derecho a saber: ¿seguirá siendo el presupuesto público de Veracruz una bolsa sin fondo para la impunidad o finalmente veremos a los responsables enfrentar la justicia por este desfalco monumental?