Blindaje penal al “ego político”.
Diputado de MORENA impulsa reforma al código penal federal para castigar con hasta 12 años de prisión la difusión de memes y stickers que “ridiculicen” a funcionarios públicos.
Ciudad de México. El diputado federal Armando Corona Arvizu, de MORENA, ha desatado una nueva polémica al interior de la cámara de diputados, tras presentar una iniciativa que busca sentar en prisión a quienes utilicen herramientas digitales como memes, stickers, audios o videos generados con inteligencia artificial para “ridiculizar, suplantar, molestar o dañar la reputación” de cualquier persona. La propuesta ya ha sido calificada en círculos legislativos como una “Ley de Protección al Sentimiento Político”.
La reforma al Código Penal Federal no solo plantea tipificar la creación y distribución de estos contenidos como un delito grave, sino que establece penas de seis a doce años de prisión y multas que oscilan entre 600 y mil 200 días de salario mínimo. La bomba informativa radica en el agravante: cuando la supuesta víctima sea un funcionario público o una figura política, las sanciones económicas y de prisión se duplicarían de manera automática.
Según el legislador morenista, este tipo de acciones digitales representan un daño mayor al interés público, pues se afecta la imagen de los representantes populares y compromete el desempeño de sus funciones. En este sentido, la iniciativa prioriza la imagen del servidor público por encima de la crítica social, estableciendo un doble estándar penal donde el escarnio a un político sería castigado con mayor rigor que cualquier otro delito de índole menor.
La iniciativa ha detonado un intenso debate constitucional entre expertos en la materia. Abogados y organizaciones civiles han advertido que la ambigüedad de la palabra “ridiculizar” abre una puerta ancha a la censura y a la judicialización arbitraria de la libertad de expresión. Temen que, de aprobarse, los tribunales se vean obligados a dirimir qué constituye legalmente una “burla” y a procesar a ciudadanos por ejercer la sátira política, garantizada en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna.
El clima de polarización en redes sociales se ha intensificado. Mientras algunos legisladores argumentan que es necesario frenar la violencia digital y los fraudes a través de deepfakes, la oposición y la ciudadanía denuncian un intento de blindaje legal para proteger el ego y la imagen del poder. En un país donde la impunidad en delitos mayores es la regla, la iniciativa de MORENA instala una paradoja judicial: parece ser más urgente y grave castigar la mofa digital que garantizar la rendición de cuentas de la clase política.