CDMX implementa “zonas de tolerancia” para consumo regulado de cannabis.
Espacios vigilados permiten uso recreativo bajo estrictas condiciones gubernamentales.
La Ciudad de México ha puesto en marcha un modelo inédito para regular el consumo público de cannabis: tres áreas designadas como “zonas de tolerancia” en el Centro Histórico, colonia Guerrero y Avenida Reforma. Estos espacios operan bajo un marco normativo específico que permite el uso recreativo de marihuana sin consecuencias legales, pero con restricciones claras: horario de 8:00 a 20:00 horas, estancia máxima de 40 minutos y prohibición de comercialización, fotografía o ingreso con vehículos.
La iniciativa, impulsada por el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones (IAPA), incluye vigilancia mediante cámaras del C5 y personal especializado. Los usuarios solo pueden portar la cantidad permitida para consumo personal (hasta 5 gramos). Quienes excedan este límite o incumplan las reglas son retirados del área. Las autoridades insisten en que el objetivo es garantizar seguridad tanto para consumidores como para vecinos.
El proyecto surge tras años de protestas de colectivos cannábicos frente a edificios gubernamentales, donde exigían despenalización. En lugar de dispersar estas manifestaciones, el gobierno optó por crear áreas controladas. Expertos en ciencias sociales señalan que estos espacios funcionan como una “válvula de escape” regulada: lo que fuera prohibido ahora se tolera, pero dentro de un perímetro delimitado y supervisado.
Mientras algunos usuarios celebran las zonas como un avance en derechos, residentes aledaños han manifestado preocupación por posibles afectaciones a la convivencia. Reportes ciudadanos mencionan aumento de basura y percepción de inseguridad, aunque no hay datos oficiales que confirmen incremento en delitos. Por otro lado, activistas destacan que el modelo reduce la criminalización de consumidores.
El esquema refleja un equilibrio entre apertura y control: sin llegar a la legalización plena, institucionaliza una práctica antes marginada. Sin embargo, persisten dudas sobre su escalabilidad y efectividad a largo plazo. Las autoridades monitorean resultados, mientras analistas debaten si se trata de un paso hacia políticas más progresistas o simplemente de un mecanismo de contención social.